Fuente: Prensa Universidad
En el proyecto de ley seguridad ciudadana presentado por el ministro del interior Germán Vargas hace 7 meses, se pretende criminalizar la protesta social en un país en donde hay más de una movilización diaria en promedio.
El proyecto que supuestamente busca combatir el crimen, que se encuentra en niveles altísimos, principalmente por cuenta del desempleo y el desplazamiento forzado, pretende, en últimas, profundizar el modelo represivo surgido en la llamada “seguridad democrática” y que hoy se expresa en el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, con violentas agresiones por parte del ESMAD a las manifestaciones estudiantiles como se ha vivido continuamente en la Universidad de Antioquia y en las marchas en Bogotá en contra de la reforma a la educación superior colombiana; dejando decenas de heridos con granadas aturdidores y explosivos que arrojan a los manifestantes y que dejó una niña de tres años muerta hace pocas semanas en una protesta campesina en el departamento de Nariño. (Ver http://prensauniversidad.blogspot.com/2011/05/muere-una-nina-menor-de-3-anos-debido.html)
El texto, que se encuentra en último debate en el congreso, dice literalmente en el artículo 353 A lo siguiente: “El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Con ese pequeño párrafo, con la excusa de combatir la delincuencia, se va a castigar severamente cualquier tipo de marcha o protesta en uno de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo y donde a diario se expresan inconformidades de todo tipo contra el gobierno.
Hay que recordar que también se encuentra otro proyecto en curso presentado por el mismo ministro que pretende criminalizar las descargas en Internet y el uso de información en la red. Esta es la llamada ley Lleras.
El proyecto que supuestamente busca combatir el crimen, que se encuentra en niveles altísimos, principalmente por cuenta del desempleo y el desplazamiento forzado, pretende, en últimas, profundizar el modelo represivo surgido en la llamada “seguridad democrática” y que hoy se expresa en el gobierno de Juan Manuel Santos, por ejemplo, con violentas agresiones por parte del ESMAD a las manifestaciones estudiantiles como se ha vivido continuamente en la Universidad de Antioquia y en las marchas en Bogotá en contra de la reforma a la educación superior colombiana; dejando decenas de heridos con granadas aturdidores y explosivos que arrojan a los manifestantes y que dejó una niña de tres años muerta hace pocas semanas en una protesta campesina en el departamento de Nariño. (Ver http://prensauniversidad.blogspot.com/2011/05/muere-una-nina-menor-de-3-anos-debido.html)
El texto, que se encuentra en último debate en el congreso, dice literalmente en el artículo 353 A lo siguiente: “El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad, incurrirá en prisión de cuatro a ocho años y multa de trece a setenta y cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes”.
Con ese pequeño párrafo, con la excusa de combatir la delincuencia, se va a castigar severamente cualquier tipo de marcha o protesta en uno de los países con la peor distribución de la riqueza del mundo y donde a diario se expresan inconformidades de todo tipo contra el gobierno.
Hay que recordar que también se encuentra otro proyecto en curso presentado por el mismo ministro que pretende criminalizar las descargas en Internet y el uso de información en la red. Esta es la llamada ley Lleras.
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