El gobierno tramita en el Congreso una ley para modificar el esquema de financiación de la Educación Superior dispuesto en la Ley 30 de 1992. Allí propone que para girar parte de los dineros que por obligación da a las universidades públicas, estas tendrán que realizar reformas académicas, administrativas y financieras. Varios especialistas de la comunidad académica, entonces, responderán a los interrogantes que suscita la reforma: ¿Soluciona la crisis económica de la universidad pública? ¿Permite que los colombianos accedan a la universidad privada? ¿Mejora la calidad en la educación superior? ¿Respeta la autonomía universitaria y la democracia en la universidad pública?
Duro debate del POLO en Comisión Sexta a la reforma a la ley 30 el día 17 de mayo de 2011.
En el debate de control político los congresistas del PDA refutaron la propuesta de reforma a la ley 30 y denunciaron la mercantilización de las universidades y su entrega a las lógicas del mercado y los intereses de especuladores y transnacionales de la educación, en el contexto de las clausulas sobre educación en el TLC con Estados Unidos.
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