Por:
LUIS AURELIO ORDOÑEZ
Profesor Titular
Universidad del Valle
Las tendencias privatizadoras de la educación superior pública, inspiradas en las elaboraciones teóricas del economista de la Universidad de Chicago, F. Von Hayek, tratan de imponerse desde hace más de 50 años, como lo advierte Carlos Miñana. “Desde 1960 hasta hoy los planteamientos y discursos neoliberales han sido desarrollos y aplicaciones de la tesis de Hayek; eso sí logrando una mayor difusión, cada vez en un tono más imperativo y con mayor abundancia de experiencias ilustrativas por su creciente implementación mundial” (“Fuentes doctrinales de las recientes reformas “Carlos Miñana Blasco, profesor Universidad Nacional. En, Varios autores (2009) La educación superior, tendencias, debates y retos para el siglo XXI, Universidad Nacional, Bogotá.).
En 1995, la continuidad de dichas tendencias, fue definida por el Banco Mundial. Según Leopoldo Múnera:" A partir de ahora, las acciones del Banco (Mundial) hacia la enseñanza superior tenderán a apoyar los esfuerzos de los países para empezar reformas que permitan a este subsector funcionar de manera más eficaz y con un costo mínimo para el Estado.(“La universidad en el siglo XXI (tres fragmentos)” Leopoldo Múnera Ruiz, en Varios autores (2009).)"
Actualmente, los avances en la comercialización de la educación, promovidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, son evidentes en las políticas educativas orientadas a la reducción del gasto público y a facilitar el ingreso de empresas transnacionales con ánimo de lucro en el atractivo mercado global de la educación superior, incluyendo los países Latinoamericanos que han suscrito acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como lo ilustra el caso de Laureate Education Incorporation, en México.
En el libro La Universidad en conflicto, capturas y fugas en el mercado global del saber, divulgado por la representación profesoral de la Universidad del Valle para ser leído en la semana santa, hay elementos significativos para actualizar la información y contextualizar el análisis de proyecto de reforma a la ley 30 (BARCHIERI, Franco y otros (2010) La Universidad en conflicto, capturas y fugas en el mercado global del saber, Traficantes de sueños, Madrid.).
Se trata de un análisis relacionado con el Acuerdo de Bolonia y la reforma a la educación superior en la unión europea, encaminada a dar respuesta a las necesidades de la sociedad de conocimiento, con base en el fomento a la competitividad para adaptar la universidad a los requerimientos del capitalismo post-industrial. En el caso de la propuesta de reforma a la ley 30, anunciada como la estrategia más adecuada para dar el “salto hacia el desarrollo e ingresar a la OCDE”, vale la pena preguntarse si caben las analogías con el capitalismo post-industrial europeo o las asimetrías de su desarrollo desigual, comparadas con una economía en proceso de creciente terciarización desde hace más de 40 años. La respuesta haría parte de un diagnóstico sobre el estado de la educación en Colombia y su relación con las estructuras sociales y económicas del país, diagnóstico del cual carece totalmente la propuesta, quedando limitada a una serie de lugares comunes sobre productividad, competitividad y globalización, entre otras.
Para los autores del libro, las tendencias mencionadas tienen nuevas coordenadas de acuerdo con el desarrollo actual del capitalismo, en el marco del denominado “capitalismo cognitivo o más bien un sistema de acumulación en que el valor productivo del trabajo intelectual y científico deviene en dominante” (p.80).
Un concepto íntimamente asociado a la noción de sociedad del conocimiento, expresión utilizada para aludir a la consolidación del conocimiento como fuerza productiva directa, visible en los prodigiosos aumentos de la productividad, basados en la aplicación de recursos humanos de alta calificación a la producción de bienes y servicios de alta tecnología, recursos humanos que debe calificar la universidad, mediante un proceso invariablemente ligado a la primacía de la razón instrumental y a los intereses empresariales en el desarrollo de sus funciones básicas de tal manera que: “La universidad debe centrarse en la investigación aplicada y tecnológica, apta para ser valorizada económicamente con rapidez....a través de medios dirigidos a privatizar el saber producido en el sector público....como puedan ser patentes, parques tecnológicos, contratos de investigación o pura venta de servicios cognitivos. (p.118).
Bajo estas condiciones se produce un negativo desequilibrio entre los saberes en los medios académicos, pues “El mérito se mide, no de acuerdo con las concepciones humanistas del carácter, la cultura el gusto y el conocimiento intelectual de las artes liberales, sino de acuerdo con el potencial financiero de cada uno. (p.78).
La cosificación y mercantilización de la educación, advierten, no es el resultado de las demandas de unos capitalistas desalmados, sino de las directrices de los organismos internacionales adoptadas deliberadamente por el Estado para eximirse de sus responsabilidades constitucionales y convertirse en un garante del funcionamiento del mercado, en la medida que no se trata “de proveer una esfera alternativa al margen del mercado, sino la de <engrasar las ruedas del mercado> (72).
La noción de estado de derecho se abandona, para adoptar la de garante del funcionamiento del mercado de la educación, es decir, a favor de intereses particulares. En los próximos años muchos jóvenes, de los cerca de tres millones de bachilleres colombianos, no tendrán posibilidades de acceder a la educación superior en universidades o instituciones privadas por falta de recursos económicos; tampoco en universidades públicas, por falta de cupos. La ampliación de cupos requiere mayores aportes financieros a la educación superior pública por parte del Estado, pero: “En ausencia de fondos públicos o privados, la crisis de la universidad va a ser descargada sobre los estudiantes (p.41).
Serán los estudiantes y padres de familia, quienes se verán obligados a endeudarse con ICETEX, para costear sus estudios y pagar las deudas después del grado. Si no logran graduarse ponen en riesgo los bienes de los codeudores que son generalmente los padres de familia. Pero graduarse es condición necesaria, más no suficiente; deben conseguir empleo. El problema está en los elevados índices de desempleo y en la precarización del mercado laboral de tal manera que habrá grandes dificultades para pagar grandes sumas con remuneraciones exiguas. Por lo demás: “La formación ligada al empleo pugna por construir una subjetividad acorde con las exigencias económicas y disciplinarias del mercado capitalista, una subjetividad que <interiorice los objetivos de la empresa,[....] una subjetividad sumisa como única opción de supervivencia” (p.34).
LUIS AURELIO ORDOÑEZ
Profesor Titular
Universidad del Valle
Las tendencias privatizadoras de la educación superior pública, inspiradas en las elaboraciones teóricas del economista de la Universidad de Chicago, F. Von Hayek, tratan de imponerse desde hace más de 50 años, como lo advierte Carlos Miñana. “Desde 1960 hasta hoy los planteamientos y discursos neoliberales han sido desarrollos y aplicaciones de la tesis de Hayek; eso sí logrando una mayor difusión, cada vez en un tono más imperativo y con mayor abundancia de experiencias ilustrativas por su creciente implementación mundial” (“Fuentes doctrinales de las recientes reformas “Carlos Miñana Blasco, profesor Universidad Nacional. En, Varios autores (2009) La educación superior, tendencias, debates y retos para el siglo XXI, Universidad Nacional, Bogotá.).
En 1995, la continuidad de dichas tendencias, fue definida por el Banco Mundial. Según Leopoldo Múnera:" A partir de ahora, las acciones del Banco (Mundial) hacia la enseñanza superior tenderán a apoyar los esfuerzos de los países para empezar reformas que permitan a este subsector funcionar de manera más eficaz y con un costo mínimo para el Estado.(“La universidad en el siglo XXI (tres fragmentos)” Leopoldo Múnera Ruiz, en Varios autores (2009).)"
Actualmente, los avances en la comercialización de la educación, promovidos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, son evidentes en las políticas educativas orientadas a la reducción del gasto público y a facilitar el ingreso de empresas transnacionales con ánimo de lucro en el atractivo mercado global de la educación superior, incluyendo los países Latinoamericanos que han suscrito acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, como lo ilustra el caso de Laureate Education Incorporation, en México.
En el libro La Universidad en conflicto, capturas y fugas en el mercado global del saber, divulgado por la representación profesoral de la Universidad del Valle para ser leído en la semana santa, hay elementos significativos para actualizar la información y contextualizar el análisis de proyecto de reforma a la ley 30 (BARCHIERI, Franco y otros (2010) La Universidad en conflicto, capturas y fugas en el mercado global del saber, Traficantes de sueños, Madrid.).
Se trata de un análisis relacionado con el Acuerdo de Bolonia y la reforma a la educación superior en la unión europea, encaminada a dar respuesta a las necesidades de la sociedad de conocimiento, con base en el fomento a la competitividad para adaptar la universidad a los requerimientos del capitalismo post-industrial. En el caso de la propuesta de reforma a la ley 30, anunciada como la estrategia más adecuada para dar el “salto hacia el desarrollo e ingresar a la OCDE”, vale la pena preguntarse si caben las analogías con el capitalismo post-industrial europeo o las asimetrías de su desarrollo desigual, comparadas con una economía en proceso de creciente terciarización desde hace más de 40 años. La respuesta haría parte de un diagnóstico sobre el estado de la educación en Colombia y su relación con las estructuras sociales y económicas del país, diagnóstico del cual carece totalmente la propuesta, quedando limitada a una serie de lugares comunes sobre productividad, competitividad y globalización, entre otras.
Para los autores del libro, las tendencias mencionadas tienen nuevas coordenadas de acuerdo con el desarrollo actual del capitalismo, en el marco del denominado “capitalismo cognitivo o más bien un sistema de acumulación en que el valor productivo del trabajo intelectual y científico deviene en dominante” (p.80).
Un concepto íntimamente asociado a la noción de sociedad del conocimiento, expresión utilizada para aludir a la consolidación del conocimiento como fuerza productiva directa, visible en los prodigiosos aumentos de la productividad, basados en la aplicación de recursos humanos de alta calificación a la producción de bienes y servicios de alta tecnología, recursos humanos que debe calificar la universidad, mediante un proceso invariablemente ligado a la primacía de la razón instrumental y a los intereses empresariales en el desarrollo de sus funciones básicas de tal manera que: “La universidad debe centrarse en la investigación aplicada y tecnológica, apta para ser valorizada económicamente con rapidez....a través de medios dirigidos a privatizar el saber producido en el sector público....como puedan ser patentes, parques tecnológicos, contratos de investigación o pura venta de servicios cognitivos. (p.118).
Bajo estas condiciones se produce un negativo desequilibrio entre los saberes en los medios académicos, pues “El mérito se mide, no de acuerdo con las concepciones humanistas del carácter, la cultura el gusto y el conocimiento intelectual de las artes liberales, sino de acuerdo con el potencial financiero de cada uno. (p.78).
La cosificación y mercantilización de la educación, advierten, no es el resultado de las demandas de unos capitalistas desalmados, sino de las directrices de los organismos internacionales adoptadas deliberadamente por el Estado para eximirse de sus responsabilidades constitucionales y convertirse en un garante del funcionamiento del mercado, en la medida que no se trata “de proveer una esfera alternativa al margen del mercado, sino la de <engrasar las ruedas del mercado> (72).
La noción de estado de derecho se abandona, para adoptar la de garante del funcionamiento del mercado de la educación, es decir, a favor de intereses particulares. En los próximos años muchos jóvenes, de los cerca de tres millones de bachilleres colombianos, no tendrán posibilidades de acceder a la educación superior en universidades o instituciones privadas por falta de recursos económicos; tampoco en universidades públicas, por falta de cupos. La ampliación de cupos requiere mayores aportes financieros a la educación superior pública por parte del Estado, pero: “En ausencia de fondos públicos o privados, la crisis de la universidad va a ser descargada sobre los estudiantes (p.41).
Serán los estudiantes y padres de familia, quienes se verán obligados a endeudarse con ICETEX, para costear sus estudios y pagar las deudas después del grado. Si no logran graduarse ponen en riesgo los bienes de los codeudores que son generalmente los padres de familia. Pero graduarse es condición necesaria, más no suficiente; deben conseguir empleo. El problema está en los elevados índices de desempleo y en la precarización del mercado laboral de tal manera que habrá grandes dificultades para pagar grandes sumas con remuneraciones exiguas. Por lo demás: “La formación ligada al empleo pugna por construir una subjetividad acorde con las exigencias económicas y disciplinarias del mercado capitalista, una subjetividad que <interiorice los objetivos de la empresa,[....] una subjetividad sumisa como única opción de supervivencia” (p.34).
Los recursos adicionales a la educación superior pública para atender con calidad la demanda, serán exiguos, insuficientes y controlados, a través de fondos concursables, obligando a las universidades a distanciarse de su misión para cumplir las metas del Gobierno de turno. Sin embargo: “El Gobierno podrá destinar recursos con criterios objetivos de elegibilidad a las Instituciones de Educación Superior privadas sin ánimo de lucro, orientados al mejoramiento del servicio, a través de fondos competitivos o convenios de desempeño”.( Artículo 198).
La lógica del mercado modifica la relación de los estudiantes, con los profesores y la sociedad. Por una parte, la figura del estudiante se transforma en cliente quien, entre otras cosas, deberá quedar satisfecho con las notas que le asigna el profesor, lo que tiende a generalizar la promoción automática en algunas instituciones. Por otra parte, la óptica mercantilista, transforma al estudiante en un producto uniforme para un mercado con competencias prei-dentificadas por los empleadores. En función de las nuevas exigencias gubernamentales, durante los últimos años se ha venido generalizando un nuevo lenguaje que incluye: aseguramiento de calidad, acreditación, competencias, competitividad, resultados, indicadores y muy poca o ninguna reflexión filosófica sobre los fines de la educación para beneficio de la sociedad en su conjunto, no solamente para el mercado.
En relación con el profesorado, el manejo empresarial de las universidades como negocio impone cambios drásticos en las relaciones laborales. La dedicación de tiempo exclusivo o al menos de tiempo completo, que es un relevante factor de calidad de la educación superior, al igual que una remuneración digna y adecuada, va siendo desmontada aceleradamente. En la mayoría, sino en la totalidad de las universidades públicas, la vinculación de tiempo completo va siendo sustituida por vinculaciones ocasionales y de hora cátedra, en una franca precarización laboral que ha venido siendo denunciada y rechazada por las organizaciones gremiales. Paralelamente se ha intentado modificar los estatutos y las normas de asignación de las actividades académicas para exigir el máximo de docencia a expensas del tiempo para su preparación y actualización. La coincidencia con los expresado por los autores del libro es clara: “La introducción de dinámicas de costo-beneficio que tienen como consecuencia la intensificación de la carga docente en perjuicio de sus funciones investigadoras....igualmente la precarización de las condiciones de trabajo.....la renuncia a formar sus propios cuadros del profesorado, con la esperanza de reclutarlos en el mercado..(p.131).
Otras coincidencias están relacionadas con el impacto sobre la investigación y la docencia que se traduce en la pérdida de autonomía de los sectores académicos para el ejercicio de la libertad de cátedra, la definición de líneas de investigación y los contenidos curriculares, para dar prioridad a las orientaciones impuestas ya no solamente por los poderes políticos, sino también por los poderes económicos. La idea apenas esbozada en la ley 30, para que los centros e institutos de investigación- dedicados exclusivamente a sus funciones especializadas- ofrezcan programas de formación avanzada, se hace explícita en el proyecto de reforma, de tal manera que con base en convenios con las universidades puedan ofrecer programas de posgrado. “A estas estrategias se añade otra bastante desarrollada que consiste en la invitación a ciertas grandes empresas para que creen sus propias cátedras universitarias.....el objetivo de la formación es producir mercancías <cognitivas>, adaptadas al mercado o formar trabajadores para el mercado....la formación es un <capital cultural > del que podrán disponer en un trabajo futuro, algo así como una inversión....pero esto no depende de sus esfuerzos sino de la estructura de la sociedad y del mercado de trabajo (p14).
La omisión al Consejo Académico en la propuesta es deliberada y apunta a facilitar su supresión en los estatutos orgánicos de las universidades con el objetivo de convertir las universidades en empresas de servicios con estructura gerencial, que reemplazaría las estructuras académicas: “haciendo recaer los cargos de dirección en personal externo , al estilo de un gerente de empresa, reduciendo los órganos colegiados y estableciendo criterios de rentabilidad para la concesión de plazas y financiación....así mismo dado que el conocimiento es tratado como un bien mercantil, los procedimientos evaluadores de la calidad mercantil deben ponerse en funcionamiento, proliferando las agencias de calidad , los rankigs etc”(p.16).
Hay semejanzas también en el sutil método de las ocultaciones, presentaciones sesgadas y medias verdades, que ha caracterizado el manejo del proyecto, método que no permite verificar la información, contrastarla y entender claramente sus objetivos. Un método acompañado del despliegue de una campaña mediática de desinformación, tratando de hacer creer a la opinión pública que en las universidades no se ha leído el articulado de la propuesta, ni la sustentación de motivos, sustentación que no existe, como lo han manifestado los mismos voceros del Ministerio de Educación: “sin que el lenguaje oficial de los informes sea siempre suficiente, pues aunque los términos sean claros, las motivaciones son oscuras” (p.24).
Hay otras coincidencias que permiten corroborar lo expresado por varios colegas y columnistas acerca de la poca originalidad de la propuesta, basada en referencias parciales y sesgadas a modelos de otros países, sin un diagnóstico adecuado que permita evaluarla con objetividad.
Para trabajar en la construcción de una alternativa se han formulado valiosos interrogantes para ser tratados en Reflexiones individuales y colectivas, Foros y Seminarios, a los que convendría agregar:
1. ¿Qué significa para América Latina y en particular para Colombia el denominado capitalismo cognitivo y cuáles son sus implicaciones para una reforma a la educación superior?
2. Partiendo de reconocer que la Innovación no es una cosa, sino un concepto relacionado el desarrollo de la imaginación y la creatividad ¿Cuáles son las perspectivas del desarrollo de la Investigación, la Tecnología y la Innovación en Colombia? ¿Cómo pueden las universidades contribuir al desarrollo de la capacidad innovadora de los estudiantes?
3. En medio de la confrontación de los modelos universidad empresa-universidad de conocimiento, ¿Cuál es el lugar de la universidad moderna?
4. En Colombia, la reivindicación de la autonomía universitaria no pertenece a la nostalgia, simplemente a pesar de estar consagrada en la Constitución, no se permite. ¿Cómo lograr autonomía, ligada a la democracia y el buen gobierno en las universidades?
5. ¿Cómo lograr un aumento significativo de las transferencias del Estado a la educación superior pública, para aumentar la cobertura y garantizar una educación de alta calidad?
Santiago de Cali, 28 de abril de 2011
La lógica del mercado modifica la relación de los estudiantes, con los profesores y la sociedad. Por una parte, la figura del estudiante se transforma en cliente quien, entre otras cosas, deberá quedar satisfecho con las notas que le asigna el profesor, lo que tiende a generalizar la promoción automática en algunas instituciones. Por otra parte, la óptica mercantilista, transforma al estudiante en un producto uniforme para un mercado con competencias prei-dentificadas por los empleadores. En función de las nuevas exigencias gubernamentales, durante los últimos años se ha venido generalizando un nuevo lenguaje que incluye: aseguramiento de calidad, acreditación, competencias, competitividad, resultados, indicadores y muy poca o ninguna reflexión filosófica sobre los fines de la educación para beneficio de la sociedad en su conjunto, no solamente para el mercado.
En relación con el profesorado, el manejo empresarial de las universidades como negocio impone cambios drásticos en las relaciones laborales. La dedicación de tiempo exclusivo o al menos de tiempo completo, que es un relevante factor de calidad de la educación superior, al igual que una remuneración digna y adecuada, va siendo desmontada aceleradamente. En la mayoría, sino en la totalidad de las universidades públicas, la vinculación de tiempo completo va siendo sustituida por vinculaciones ocasionales y de hora cátedra, en una franca precarización laboral que ha venido siendo denunciada y rechazada por las organizaciones gremiales. Paralelamente se ha intentado modificar los estatutos y las normas de asignación de las actividades académicas para exigir el máximo de docencia a expensas del tiempo para su preparación y actualización. La coincidencia con los expresado por los autores del libro es clara: “La introducción de dinámicas de costo-beneficio que tienen como consecuencia la intensificación de la carga docente en perjuicio de sus funciones investigadoras....igualmente la precarización de las condiciones de trabajo.....la renuncia a formar sus propios cuadros del profesorado, con la esperanza de reclutarlos en el mercado..(p.131).
Otras coincidencias están relacionadas con el impacto sobre la investigación y la docencia que se traduce en la pérdida de autonomía de los sectores académicos para el ejercicio de la libertad de cátedra, la definición de líneas de investigación y los contenidos curriculares, para dar prioridad a las orientaciones impuestas ya no solamente por los poderes políticos, sino también por los poderes económicos. La idea apenas esbozada en la ley 30, para que los centros e institutos de investigación- dedicados exclusivamente a sus funciones especializadas- ofrezcan programas de formación avanzada, se hace explícita en el proyecto de reforma, de tal manera que con base en convenios con las universidades puedan ofrecer programas de posgrado. “A estas estrategias se añade otra bastante desarrollada que consiste en la invitación a ciertas grandes empresas para que creen sus propias cátedras universitarias.....el objetivo de la formación es producir mercancías <cognitivas>, adaptadas al mercado o formar trabajadores para el mercado....la formación es un <capital cultural > del que podrán disponer en un trabajo futuro, algo así como una inversión....pero esto no depende de sus esfuerzos sino de la estructura de la sociedad y del mercado de trabajo (p14).
La omisión al Consejo Académico en la propuesta es deliberada y apunta a facilitar su supresión en los estatutos orgánicos de las universidades con el objetivo de convertir las universidades en empresas de servicios con estructura gerencial, que reemplazaría las estructuras académicas: “haciendo recaer los cargos de dirección en personal externo , al estilo de un gerente de empresa, reduciendo los órganos colegiados y estableciendo criterios de rentabilidad para la concesión de plazas y financiación....así mismo dado que el conocimiento es tratado como un bien mercantil, los procedimientos evaluadores de la calidad mercantil deben ponerse en funcionamiento, proliferando las agencias de calidad , los rankigs etc”(p.16).
Hay semejanzas también en el sutil método de las ocultaciones, presentaciones sesgadas y medias verdades, que ha caracterizado el manejo del proyecto, método que no permite verificar la información, contrastarla y entender claramente sus objetivos. Un método acompañado del despliegue de una campaña mediática de desinformación, tratando de hacer creer a la opinión pública que en las universidades no se ha leído el articulado de la propuesta, ni la sustentación de motivos, sustentación que no existe, como lo han manifestado los mismos voceros del Ministerio de Educación: “sin que el lenguaje oficial de los informes sea siempre suficiente, pues aunque los términos sean claros, las motivaciones son oscuras” (p.24).
Hay otras coincidencias que permiten corroborar lo expresado por varios colegas y columnistas acerca de la poca originalidad de la propuesta, basada en referencias parciales y sesgadas a modelos de otros países, sin un diagnóstico adecuado que permita evaluarla con objetividad.
Para trabajar en la construcción de una alternativa se han formulado valiosos interrogantes para ser tratados en Reflexiones individuales y colectivas, Foros y Seminarios, a los que convendría agregar:
1. ¿Qué significa para América Latina y en particular para Colombia el denominado capitalismo cognitivo y cuáles son sus implicaciones para una reforma a la educación superior?
2. Partiendo de reconocer que la Innovación no es una cosa, sino un concepto relacionado el desarrollo de la imaginación y la creatividad ¿Cuáles son las perspectivas del desarrollo de la Investigación, la Tecnología y la Innovación en Colombia? ¿Cómo pueden las universidades contribuir al desarrollo de la capacidad innovadora de los estudiantes?
3. En medio de la confrontación de los modelos universidad empresa-universidad de conocimiento, ¿Cuál es el lugar de la universidad moderna?
4. En Colombia, la reivindicación de la autonomía universitaria no pertenece a la nostalgia, simplemente a pesar de estar consagrada en la Constitución, no se permite. ¿Cómo lograr autonomía, ligada a la democracia y el buen gobierno en las universidades?
5. ¿Cómo lograr un aumento significativo de las transferencias del Estado a la educación superior pública, para aumentar la cobertura y garantizar una educación de alta calidad?
Santiago de Cali, 28 de abril de 2011
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